Así lo han manifestado la parlamentaria andaluza Rafaela Obrero y el diputado provincial Félix Romero, quienes con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que tendrá lugar mañana 3 de diciembre, han recordado el trabajo que desde el Partido Popular se viene desarrollando en este ámbito en todas las administraciones públicas.
Para Obrero, la afectan actualmente a 716.200 andaluces, lo que representa el 8,5% del conjunto de la población en Andalucía, un sector de la población que está sufriendo las consecuencias negativas de la crisis económica de forma más contundente, que está sufriendo los recortes sociales que vienen practicando los gobiernos socialistas, y esto se traduce en más desigualdad, más discriminación y riesgo de exclusión social para las personas con discapacidad.
Al Partido Popular nos preocupa la pasividad del gobierno andaluz para evitar que las personas con discapacidad se queden fuera del mercado laboral, y los datos hablan por sí solos: hay 14.486 parados con discapacidad registrados en Andalucía, y 23.304 demandantes de empleo con discapacidad.
En Córdoba tenemos 2.970 demandantes de empleo con discapacidad, 1.759 parados registrados con discapacidad y solo 270 contratos registrados para este sector de población a fecha de octubre de 2010, según datos del Observatorio ARGOS de la propia Consejería de Empleo. Además, los contratos temporales son los más utilizados, el sector servicios tiene los datos de paro más alto, y las mujeres con discapacidad siguen teniendo más dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo que los hombres con discapacidad.
La Junta de Andalucía tiene en vigor el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad 2007-2013 que no está dando resultado, porque todavía el 57% de las personas con discapacidad destinatarias no se han visto beneficiadas de ninguno de los programas que desarrolla éste plan. Además, la ejecución presupuestaria de este plan está en torno al 31% de la inversión prevista inicialmente, es decir, solo se han gastado 130 de los 414 millones anunciados a bombo y platillo, y que ni siquiera es una de las prioridades del gobierno andaluz cuando no aparece reflejado en la memoria económica de la Consejería de Empleo para 2011 del Presupuesto de la Junta.
También ha descendido número de personas contratadas por los centros especiales de empleo, pasando de 12.573 personas en 2007, a 12.266 personas en 2008 y finalmente a 8.522 en 2009. Según Rafaela Obrero, esto pone de manifiesto lo que ya venía denunciando la Asociación de Centros Especiales de Empleo, cuando decían que un 25% de los más de 300 centros especiales de empleo han cerrado en Andalucía por la situación de crisis económica y sobre todo por los impagos en las subvenciones de la Junta, ahora sumado al recorte presupuestario en estos programas de empleo para 2011.
Pero las personas con discapacidad se encuentran con otros problemas que les impiden desarrollar una vida normalizada y hacer efectivos sus derechos en condiciones de igualdad. Uno de ellos son las barreras arquitectónicas tanto en el ámbito privado como en el público. Según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz relativo al ´Parque residencial sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad´ en Andalucía el 50,29% de la población andaluza reside en viviendas situadas en edificios de 3 o más plantas sin ascensor, es decir, 1.765.513 personas, de ellas 165.075 personas tienen discapacidad.
Otro de los problemas es el impago por parte de la Junta de Andalucía de las ayudas solicitadas por muchas personas con discapacidad para la adecuación funcional de la vivienda, que en muchos casos llevan más de dos años esperando el desembolso efectivo del dinero para poder hacer las obras en sus viviendas.
El responsable directo de todo esto es un gobierno andaluz que mira hacia otro lado y que sigue instalado en los recortes presupuestarios en materia social que llevan tiempo practicando, y mientras tanto siguen haciendo gala de la propaganda y el marketing, comenta la diputada cordobesa. Y añade, hace un año la Consejera de Bienestar Social anunciaba el inicio de la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley que regularía en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordo ceguera. A día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Igual que está en el olvido el Plan de Menores de 0 a 3 años con discapacidad, y nada se sabe del Centro Andaluz de Accesibilidad que se ubicará en Córdoba y que tantas veces ha sido anunciado por la Consejera y por responsables socialistas.
Por su parte, el diputado del Grupo PP en la Diputación Provincial, Félix Romero, ha anunciado que todas las propuestas el Partido Popular en esta materia se recogerán en el llamado Libro Blanco de la Discapacidad, un documento de cara a las próximas elecciones municipales donde se recojan las principales carencias de estas personas y la apuesta del Partido Popular para hacerles frente.
Asimismo, ha recordado lo que es una demanda histórica del Partido Popular en la Diputación, que es la eliminación de barreras arquitectónicas que ha caído en el olvido del Gobierno socialista mientras que muchas personas se encuentran atrapadas en sus casas sin poder salir a la calle ni hacer una vida normal, como también manifiesta el Defensor del Pueblo Andaluz.
Además, para Romero es fundamental el correcto y definitivo desarrollo de la Ley de Dependencia en cuanto a las personas con discapacidad. Los gobiernos socialistas no están potenciando ni desarrollando la figura del asistente personal para personas con discapacidad, y cada vez que desde el PP le pedimos que se lleve a cabo el PSOE vota en contra, es decir, vota en contra del desarrollo, de la autonomía y de la asistencia personal de las personas con discapacidad, concluye el diputado popular.
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