La Marcha por el Empleo organizada por IULV-CA Córdoba, por segundo año consecutivo, continúa hoy sus reivindicaciones mientras atraviesa las localidades de la comarca del Alto Guadalquivir.
Tras la primera etapa, que cubrió en la tarde de ayer la distancia entre Nueva Carteya y Espejo, y que contó con la participación de los Coordinadores Generales de IU y de IULV-CA, Cayo Lara y Diego Valderas, respectivamente, más de 100 cargos públicos y militantes de la organización, con su Dirección Provincial a la cabeza, han salido esta mañana de Bujalance para continuar el recorrido de la Marcha hasta El Carpio y Villafranca, donde se realizarán dos actos públicos. Para mañana domingo, 9 de mayo, se tiene prevista la salida desde Alcolea a las 9.30 horas para llegar a la glorieta de los Almogávares de Córdoba a las 12.30 horas, donde la Marcha se convertirá en manifestación y recorrerá las calles de la capital hasta llegar al Quiosco de la Música donde tendrá lugar un acto público final que contará con las intervenciones del alcalde de Córdoba, Andres Ocaña, y el Coordinador General de IULV-CA, Diego Valderas, entre otros.
El Coordinador Provincial de IULV-CA Córdoba, Francisco Martínez, declara que “la Dirección Provincial de IULV-CA Córdoba está muy satisfecha de cómo se está desarrollando la Marcha por el Empleo y por la participación con la que está contando. Aunque el cansancio físico, cada kilómetro que pasa, se nota más, podemos asegurar que nunca nos cansaremos de actividades como ésta ya que muchos son los motivos que nos llevan a realizar de nuevo la Marcha por el Empleo”.
“La crisis”, afirma Martínez, “al igual que en el año pasado, sigue siendo una prioridad para esta organización, por lo que estamos empeñados en seguir poniendo los máximos esfuerzos, tanto en las instituciones como en la calle, frente a esta crisis que estamos padeciendo y sus consecuencias, especialmente, las que sufren los sectores sociales más débiles de nuestra sociedad”.
Como afirma el Coordinador, “en los últimos meses hemos asistido a un nuevo acto de improvisación e hipocresía del Gobierno del PSOE, con un pacto que ha quedado en sólo 24 medidas poco relevantes y que, desde el punto de vista de Izquierda Unidad, no apunta en la dirección correcta para una salida social a la crisis. Para nuestra organización, la estabilización de la economía y la reducción efectiva del déficit dependen esencialmente de la creación de empleo (a la que se debe contribuir directamente desde lo público) y de la mejora de la contribución fiscal de los ciudadanos sobre dos ejes esenciales: la progresividad y la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. No estamos, por lo tanto, pidiendo una política de gasto, sino un conjunto de acciones que conducirían al equilibrio fiscal sobre bases más justas. En este terreno, no podemos avalar con nuestro acuerdo una mera política de reducción del gasto, con graves consecuencias sobre el gasto social y lo servicios públicos”.
“Asimismo”, asegura Martínez, “otro frente de lucha es la nueva reforma laboral que propone el gobierno del PSOE, la cual arremete contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en esta ocasión con el apoyo clarísimo de la derecha nacionalista y asumiendo, como viene siendo habitual en este Gobierno, los planteamientos más liberales de los poderes económicos, con el abaratamiento del despido, la potenciación de las agencias privadas de colocación y recolocación, o la posibilidad de utilización sin límites de las empresas de trabajo temporal. Por lo que, de nuevo, los planteamientos de este Gobierno no sólo no entran en resolver los graves problemas actuales, sino que profundiza en ellos, beneficiando de forma escandalosa a los grandes empresarios”.
Desde la organización se cree que “el Gobierno y el PSOE han preferido no escuchar las propuestas que desde la izquierda estamos planteando, propuestas encaminadas a dar una salida a la crisis más social, con más derechos, más estabilidad y más empleo en nuestro país. En ese sentido, hemos lanzado una campaña en defensa de las pensiones, al entender que, con la reforma que el Gobierno tiene pensada, van a realizar un recorte de 80.000 millones de euros en el dinero destinado a las pensiones, con lo que pretenden favorecer a los bancos a través de los planes de pensiones privados”.
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