Una joven empresaria con raíces perabeñas reclama 800.000 euros por trabajos realizados en las obras del AVE Sevilla-Granada

"Tengo una empresa de movimiento de tierras, en 2009 trabajé en el tramo de Ave Fuente de Piedra-Santa Ana, propiedad de la Junta de Andalucía, cuya contratista principal es (aunque ya les queda poco para terminar) una UTE denominada Santa Ana, formada por Bruesa Rail y Corsán-Corviam. Podría escribir un libro con varios tomos al respecto pero prefiero dejaros los enlaces de las entrevistas que nos han hecho para que de manera resumida sepáis la historia. El final se traduce en que se hacen unos trabajos y después de año y medio no se han cobrado, 800.000€ de las facturas de septiembre y octubre 2009 (tanto de medición como por administración) así como el suplemento de transporte desde mayo 2009 y las retenciones por garantía de obra desde que empecé a trabajarles (febrero 2009) 5% de la factura mensual más 1,5M€ en daños y perjuicios. Esto me ha generado una situación decadente en mi trabajo y en mi empresa, llevando a día de hoy 80 días en la puerta de la Consejería de Obras Públicas de Sevilla (Avda Diego Martínez Barrios 10) de manifestación reclamando que me atiendan y me pagen, ninguna de las 2 se ha producido. Los medios de comunicación se han hecho eco de nuestra situación y nos están sacando tanto por televisión, radio y prensa, estos son los que hasta hoy nos han entrevistado. Os agradezco todo vuestro apoyo y ánimo, se que aunque no nos veamos todo los que quisiéramos siempre estaréis ahi. Besos y gracias". Maria Jesús Horcas Pérez

María Jesús Horcas, de Córdoba, tiene 27 años y es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Es dueña de la empresa Procasur 2005 S.L., con 30 trabajadores y 20 autónomos contratados. Ha pasado a tener todo embargado y a recibir alimentos de ayuda humanitaria para poder subsistir. Desde el pasado 4 de noviembre protesta diariamente a las puertas de la Consejería de Obras Públicas en la calle Diego Martínez Barrios. Lo ha perdido todo y lo único que pretende es que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, la reciba y explicarle su caso ya que las obras en las que trabajaba su empresa como subcontrata de la UTE Santa Ana son las del AVE Sevilla-Granada. Lleva más de 80 días allí y tiene acumuladas 35 solicitudes de entrevista con la consejera, y no ha recibido respuesta.

   Con su padre, Vicente, que es de Pedro Abad, y su hermano Ángel David, va todos los días desde Córdoba para que su protesta sea visible. Hay veces que hasta duerme en su furgoneta. Sólo exigen que les paguen lo que han trabajado: “Parece que estamos aquí como pidiendo limosna, cuando pedimos lo trabajado, sólo lo que nos deben”.
  Procasur 2005 S.L. comenzó a trabajar en 2009 como subcontrata de la UTE Santa Ana, formada por Bruesa y Corsan Corvián, en el tramo del Ave Sevilla Granada de Fuente Piedra a Santa Ana, cerca de Antequera. Su trabajo consistía en movimientos de tierras. Según María Jesús, la UTE Santa Ana, rescindió el 15 de octubre de 2009 el contrato. Antes dice, querían que firmara un documento como «que ambas partes estábamos de acuerdo en parar las excavaciones y nos negamos. Nos debe los meses de septiembre y octubre de 2009 y el suplemento de transporte desde ma-yo de ese año, 779.746,77 euros». María Jesús señala que intentaron cobrar y siguieron sus trabajos en otras obras: «Hasta que empezaron a llegar los embargos, ya que algunos de mis acreedores me denunciaron. Tengo embargada la maquinaria y las facturaciones y no puedo trabajar».
   Por su parte, Corsan Corvián señala que rescindió el contrato por desatender las indicaciones del jefe de obras en cuanto a los movimientos de tierra y por temores de seguridad. Esta empresa ha señalado “que la UTE es perfectamente solvente y que no hay ni una sola reclamación de ninguna otra subcontrata ni de proveedores”.
   Piensa María Jesús que la Junta de Andalucía como propietaria debe intervenir como responsable civil subsidiaria. Cuando era consejera Rosa Aguilar le pidió una entrevista. Sólo pudo hablar con su secretaria, Fátima Peña. En marzo del 2010 interpusieron la denuncia y la Junta les dijo que ya no podían hacer nada porque eso era ya cosa de la Justicia. El próximo abril será la audiencia previa al juicio. Mientras, seguirá con su pancarta.