IULV-CA denuncia en Pedro Abad el recurso del PP en contra del Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda

Incluimos fotografías de la concentración y lectura de manifiesto que desde IULV-CA de Pedro Abad se ha realizado en el Ayuntamiento de la localidad. Ante la presentación del recurso, y posterior suspensión cautelar, presentado por el Partido Popular en contra del Decreto Ley que regula en Andalucía la Función Social de la Vivienda, y que pretende dar amparo a aquellas familias en riesgo de desahucio en nuestra Comunidad Autónoma, y ante la grave amenaza y situación de vulnerabilidad que de nuevo se genera para los afectados, es por lo que desde esta formación política se denuncia la presentación de dicho recurso por parte del Gobierno Central e insta a su retirada, y da pie al acto realizado.

Reproducimos el manifiesto:
"Andaluces y andaluzas, sabemos que desde 2007 se han producido 86.000 desahucios en Andalucía. Sabemos que es el pueblo trabajador en que los está sufriendo, sabemos que la estafa hipotecaria y la burbuja financiera están provocando mucho dolor.
Es conocido que cientos de miles de familias trabajadoras dedican más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, viéndose obligadas a decidir mes a mes, entre pagar la hipoteca y comer. También sabemos que en no pocas ocasiones, esa la decisión la precipitan las circunstancias. El impago llega, el desahucio se acerca, y en algunas ocasiones la presión se hace insostenible y empuja al suicidio a quiénes la sufren.
196.000 familias reclaman en la actualidad una vivienda a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda.

Toda una generación, sin trabajo y sin expectativas, tiene imposible emanciparse. En muchas casas comienzan a convivir dos y tres generaciones: se hacinan las personas y los problemas. Cualquier observador externo pensaría que en Andalucía faltan casas.
Según la Constitución Española, que debe orientar la acción de los poderes públicos, el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho, siendo estos poderes públicos los responsables de “promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas” para hacerlo efectivo. Así lo recoge su artículo 47.
Los Andaluces y Andaluzas sabemos que existen 700.000 viviendas vacías en Andalucía. 700.000 mil viviendas vacías, que en su mayoría pertenecen a las entidades financieras, inmobiliarias o sociedades de gestión de activos.
También sabemos que la misma Constitución reconoce “el derecho a la propiedad privada” en su artículo 33, y que “la función social” de ésta, “estará delimitada por las leyes”. Sabemos que el Artículo 128 de la Constitución señala que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Desde IU, la sociedad civil organizada y miles de ciudadanos y ciudadanas, consideramos que “toda la riqueza del país” incluye las 700.000 mil viviendas andaluzas y vacías.
Todo indica, que para llegar a esta situación, en la que se da la irracionalidad de “casas sin gente, y gentes sin casa”, los poderes públicos han permitido durante décadas que la propiedad privada de los poderosos esté por encima del interés general, vulnerando lo establecido en la Constitución. Denunciamos esta realidad y nos rebelamos contra ella dando alternativas concretas: Decreto-Ley de medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
El interés general. La función social de la propiedad. La propiedad privada.
Cuestión de prioridades. 
Tras la entrada de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía, el orden de prioridades esta claro. Primero las personas y sus derechos básicos. El Decreto de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda parte de la función social de la propiedad privada de las viviendas, subordinando este régimen de propiedad al interés general. Y lo hace en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza y como desarrollo de la Constitución.
En sus dos primeros meses de vigencia, el decreto ha conseguido garantizar el derecho a la vivienda de 9 familias andaluzas. En la actualidad la Consejería de Fomento y Vivienda estudia centenares de casos, siendo una esperanza para miles de personas y sirviendo de defensa de quiénes están permanentemente en el alambre del paro y de la precariedad, aliviando la toma de la decisión entre pagar la hipoteca y comer.
La propiedad privada. La función social de la propiedad. El interés general. 
Cuestión de prioridades.
El Gobierno del PP ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto. Un recurso que supondría la paralización del decreto-ley por un espacio de tiempo determinado (5 meses) o sine die hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Ya sabemos cuál es la prioridad del Gobierno Central. Primero los bancos y su cuenta de resultados, aunque suponga impedir que la gran mayoría de la sociedad ejerza su derecho a la vivienda digna y adecuada, y que se vulnere el principio según el que “toda la riqueza del país esta subordinada al interés general”.
No nos sorprende. El PP es el protector de los intereses de los bancos y de las grandes inmobiliarias, quienes detentan las viviendas vacías, quienes especulan con el suelo, con el techo, con las paredes, con las habitación de las hijas y los hijos, con la sala de estar, con la cocina y el baño, con la calefacción y el agua caliente, con la ventana por la que entra el sol, con el hogar.
El PP es el representante político de quienes han hecho un negocio infame de la necesidad de protegerse del frío, del calor, de la humedad y del viento. De la necesidad de tener un espacio digno donde crecer y donde vivir.
No hay Estado Social Democrático y de Derecho sin vivienda
El Tribunal Constitucional tiene que deliberar acerca del recurso. Durante todo el tiempo que dure esa deliberación vamos a dar la batalla para defender la función social de la propiedad, el derecho humano a la vivienda, el Estatuto de Autonomía para Andalucia y una Andalucía sin desahucios.
El Tribunal Constitucional no solo estará decidiendo si el decreto es constitucional o no lo es. Estará decidiendo si la Constitución sirve al interés general o sirve a las élites económicas, estando de un lado la mayoría de la sociedad, y del otro, la ínfima minoría de la sociedad.
Desde IU Andalucía llamamos a las y los miles de desahuciados e hipotecados, a quienes sufren este drama en primera persona, a los movimientos y organizaciones sociales y sindicales que llevan años peleando en la calle contra ésta y otras injusticias, a la ciudadanía comprometida con su pueblo, a defender el Decreto-Ley que defiende el derecho a la vivienda en Andalucía. Porque el decreto-Ley no hubiera sido posible sin su lucha, y ahora toca defender esta conquista, por humilde que sea.
El Gobierno del PP, el mismo que tumbó la ILP de la Dación en pago dando la espalda a un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos, pretende anular cualquier respuesta y salida a la crisis diferente a la que impone la Troika, esa mascara que usan los banqueros y los especuladores para defender sus propiedades y sus beneficios a costa de privar de toda propiedad a las nueve décimas partes de la sociedad. Nos tendrán enfrente dando alternativas concretas que dan esperanza y poder al pueblo.

En defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada, por Andalucía sin desahucios:
Decimos NO al recurso del Gobierno del PP contra el Decreto andaluz para garantizar la función social de la Vivienda."