La Subdelegación aumenta el dispositivo de seguridad en la campaña olivarera

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, mantuvo esta mañana un encuentro con los alcaldes del Alto Guadalquivir, concejales de seguridad de los ocho municipios que integran esta comarca, guardias civiles y policías locales de la zona para informar del nuevo operativo provincial que se ha puesto en marcha de cara a la nueva campaña olivarera.

   Ruiz manifestó que la Subdelegación ha aumentado el dispositivo de seguridad en la provincia para evitar robos de aceitunas y otras incidencias en el entorno rural. Asimismo, dijo que en la campaña anterior se redujeron las denuncias un 72%.
  El subdelegado aclaró que la Unidad de Reserva de la Comandancia Provincial estará presente también en dicha campaña de seguridad y que, como otros años, se va a poner en marcha la inspección de trabajo que actuará conjuntamente con la Guardia Civil para evitar que no haya ningún tipo de delito contra la libertad de los trabajadores o contra la Ley de Extranjería.
   Ruiz anticipó a este periódico que varias organizaciones agrarias han solicitado al subdelegado del Gobierno la llegada de varios contingentes de extranjeros y que se va a denegar dichas acciones a las grandes organizaciones, con objeto de que no se mercadee con el trabajador del campo. También se ha tratado en dicha reunión la posibilidad de que haya conflictos entre inmigrantes y ciudadanos españoles en los tajos, “por lo que nosotros vamos a tratar de que no haya asentamientos ilegales, y como no vamos a autorizar que haya contrataciones en origen lo lógico es que el trabajo sea para los jornaleros españoles”.
   Los pueblos en los que se produce un mayor número de actividad olivarera con la llegada de inmigrantes son Adamuz y Montoro, sobre todo rumanos y marroquíes.
   En este sentido, el presidente de la mancomunidad, Francisco Javier López Casado, ha pedido al subdelegado que se sea riguroso y estricto en materia de asentamientos ilegales, aparte de que no se permita la contratación ilegal de personas, tanto sean españoles como extranjeros.
   Este año se ha recuperado el periodo transitorio que tenían los rumanos, que aún no son ciudadanos de pleno derecho, por lo que tienen que acudir a una serie de autorizaciones administrativas o bien a contingentes en origen.
   Ruiz dijo, tanto jornaleros como propietarios de finca, que una campaña segura requiere el compromiso de todos y pidió que cualquier información que tengan que pueda ser de utilidad para prevenir cualquier tipo de delito la pongan en conocimiento, lo antes posible, de la Guardia Civil, “porque con una información a tiempo se puede prevenir cualquier delito, tanto contra el patrimonio como contra las personas (derechos a los trabajadores)”.