El municipio
se suma a Córdoba, Palma del Río y Villa del Río en la adhesión al convenio de
Fomento y Vivienda para aplicar estas subvenciones
La Consejería de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía ayudará a abonar el alquiler a inquilinos de
viviendas públicas del Ayuntamiento de Montoro que tengan ingresos bajos y dificultades
para afrontar los pagos. En la provincia de Córdoba este municipio se suma a la
capital y a las localidades de Palma del Río y Villa del Río que previamente
han suscrito con el departamento que dirige Elena Cortés el convenio para
destinar a familias fondos de la línea de Ayudas al Alquiler para Personas
Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada por la Consejería
de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.
La ayuda está destinada a
familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año, y
que tienen dificultades acreditadas para el abono del arrendamiento. La ayuda
garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no
supera el 25% de los ingresos familiares.
Los receptores deberán
disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan,
donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su
composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así
como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Los miembros de la unidad
familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna
otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualidades
correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de
arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta
convocatoria.
Con
la adhesión de Montoro, en Andalucía el número de ayuntamientos asciende a 33
en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Granada y Málaga, además
de las diputaciones de Granada y Sevilla. El plazo para que los ayuntamientos
se den de alta como entidades colaboradoras concluye el 1 de octubre.
Esta
línea de ayudas persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a
la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte
desempleo y precariedad laboral, por lo que establece como requisito que las
administraciones con competencia en materia de vivienda se conviertan en
agentes colaboradores de la Junta mediante la firma del correspondiente acuerdo
y puedan así gestionar estas subvenciones.
Dar uso a la vivienda vacía
y erradicar los desahucios
Este
programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas
de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a
las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler
social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la
renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad
puede pagar. La medida también busca erradicar los desahucios en parques
públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por
motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar
a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.
Las
administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las
personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como
las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten
con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades
colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión
propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad.
Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la
tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán
dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los
requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de
ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a
través de los medios y formularios facilitados por la Consejería que dirige
Elena Cortés. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades
colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el
resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente
abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.
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